FollowUna crisis económica se define por la contracción de la producción, la comercialización y el consumo de bienes y servicios y se hace visible en la quiebra de empresas, el empobrecimiento social y el aumento del paro. Sin embargo, para los poderes económicos y financieros puede suponer la oportunidad para impulsar políticas (reformas presupuestarias, laborales o financieras) que, presentadas como soluciones imprescindibles para la reactivación económica y la lucha contra el paro, no pasan de ser un medio para convertir la crisis en el pretexto para imponer el modelo económico que más satisface sus intereses, aún a costa, paradójicamente, de una mayor recesión. Es lo que ocurre con la crisis actual, iniciada en el año 2007 en Estados Unidos y, posteriormente, exportada a Europa.
Fijémonos en el caso de Grecia. Los dos “rescates”, el de 2010 y el de este año, y los recortes (contraprestaciones) asociados a los mismos, exigidos por la UE, el BCE y el FMI, erigidos en representantes de la oligarquía financiera, nada tienen que ver con la necesidad de salvar a Grecia de la crisis, sino a los bancos, alemanes y franceses sobre todo, a los que el Estado griego debe dinero. Los “ajustes” impuestos a la población griega a fin de obtener fondos para pagar la deuda pública se han traducido en una duplicación del paro, en una disminución salarial de entre un 20% a un 30%, en una pérdida de todos sus ingresos para un 13% de las familias y en una mengua económica sustancial, la mayor de la UE, que imposibilita la disminución del enemigo número uno a batir en la ortodoxia neoliberal, el déficit público, mientras, como colofón de este delirio, el gasto militar griego es el 1º, en porcentaje del PIB de la UE. Un insultante contrasentido. Esto es “austeridad”.
El dogmatismo neoliberal sitúa los fundamentos estructurales de la crisis en el intervencionismo estatal y en lo que llaman “rigidez” del mercado de trabajo. La demonización del intervencionismo estatal no pasa de ser una fábula malintencionada ya que, en primer lugar, atribuye el “insostenible” déficit público al “excesivo” gasto público, pero en su dimensión social, claro, excluyendo el peso negativo que sobre las necesidades sociales ejercen otros gastos, en gran parte desproporcionados, como el gasto militar; y, en segundo lugar, porque esconde, tras la crítica al aumento de los impuestos en general, el verdadero interés de las grandes empresas en escapar de la fiscalidad, por no hablar de la diligencia con la que estas mismas empresas reclaman la ayuda estatal cuando se encuentran en crisis. En el terreno laboral, la equiparación proporcional de la supuesta “rigidez” del mercado de trabajo al grado de regulación del mismo, es decir, a la cuantía del nivel de protección de los trabajadores frente a la precariedad, el desempleo o el despido (a más protección, más “rigidez”) y su estigmatización como fuente de desempleo, queda desmentida por la propia historia del Estado del Bienestar en Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de 1973-75, que demuestra la relación del desarrollo económico con el pleno empleo y un alto grado de prestaciones sociales y servicios públicos.
Fiel al dogma neoliberal, el Gobierno del Partido Popular, ha impulsado las tres reformas, presupuestaria, laboral y financiera que, a la espera de los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán el 31 de Marzo, se muestran con el objetivo común de relanzar la economía y recuperar el empleo. Sin embargo, el objetivo declarado y el real se repelen como el agua y el aceite.
Veamos. La reforma presupuestaria, con el añadido de las medidas de ajuste impulsadas en las comunidades autónomas bajo gobierno conservador, del PP o de CIU en Cataluña, supone la imposición de enormes recortes en el gasto público-social, el que financia las prestaciones sociales y los servicios públicos, como sanidad y educación entre otros, y un ajuste fiscal que penaliza las rentas del trabajo y de la clase media. La reforma laboral implica la facilitación del despido, la reducción de salarios y la descentralización y el debilitamiento de los convenios colectivos. La reforma financiera traiciona el objetivo explícito de sanear la banca española sin poner dinero público, facilitar el crédito y abaratar el precio de las viviendas al ocultar que lo que en realidad pretende es que la gran banca adquiera el control completo del sistema financiero español, favoreciendo la apropiación de lo que queda de las cajas de ahorro por los tres grandes grupos financieros (Santander, BBVA y Caixabanc- LaCaixa) mediante un sistema que, como ha demostrado la adjudicación de la quebrada CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) al banco Sabadell, sólo puede realizarse con dinero público del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y que, además, no garantiza ni la recuperación del crédito, por las deudas de la banca española con la europea y por el interés en el negocio de la Deuda pública, ni el abaratamiento de las viviendas, por la escasez de recursos de las familias y las reticencias de los bancos a ofrecer financiación.
Este conjunto de medidas, que aboca al enriquecimiento de la minoría rica y al empobrecimiento de todos los demás, no hace más que profundizar en el proceso de desmantelamiento del Estado del Bienestar, de debilitamiento del mundo del trabajo y de desequilibrio entre capital y trabajo en beneficio de la gran empresa y, consiguientemente, no puede sino agravar la crisis.
Y es que el fundamento real de la crisis se encuentra en la escasa capacidad de consumo de la mayoría de la población, víctima del endeudamiento masivo, los bajos salarios y el paro. El endeudamiento público es la consecuencia de esta situación de declive económico y de escasez de recursos del Estado para llenar el vacío creado por la exigua demanda y no del “excesivo” gasto público-social, como pregona el dogma neoliberal. Esta limitación de los ingresos del Estado es también el resultado de las enormes reducciones de impuestos de las que se benefician las grandes rentas de capital. La mayor desigualdad y la mayor extensión del empobrecimiento social que se derivan de los recortes del gasto público-social y de las reformas laboral y financiera, al presionar la demanda a la baja, conllevan la recesión económica. La recuperación sólo podrá provenir de políticas expansivas del gasto público-social, es decir, de la inversión del Estado en la creación de empleo y de medidas redistributivas de la riqueza que generen demanda. Al tiempo.
Francisco Javier Segura Jiménez
Profesor de Historia
