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“Desde hace ya al menos tres decenios se viene detectando, en todos los países democráticos, una tendencia de ambigua evaluación: aumenta la proporción de ciudadanos que expresan su desconfianza respecto de las instituciones sociales, y muy especialmente respecto de las más directamente relacionadas con la gestión de los asuntos colectivos. En la medida en que las instituciones representan los pilares básicos que articulan la vida social, esta pauta (con el correlativo ensalzamiento de lo no institucional o antiinstitucional) puede resultar inquietante. Pero si se tiene en cuenta que el fenómeno se registra fundamentalmente en democracias maduras y muy consolidadas, con ciudadanos cada vez más informados, críticos y exigentes, esta pauta no solo parece esperable, sino incluso positiva.”
