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Casi un año ha tardado el Gobierno andaluz de coalición de PSOE e Izquierda Unida en aprobar una medida de fuerte impacto social. La huella de IU impregna de cabo a rabo el decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.
Dos aspectos destacan del proyecto, que entrará en vigor a partir del jueves cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía(BOJA). Por un lado, la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
