Durante meses la población ha salido a la calle a protestar contra los recortes en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales, en derechos laborales,…
Es evidente que la mayor parte de las movilizaciones no se han convocado para denunciar la causa de nuestros problemas, sino sus consecuencias.
Desde el 15M, en todo momento, hemos apuntado al origen. Hemos denunciado a la banca y a los políticos que actúan para asegurar los intereses de esa banca. Los lemas “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, “no nos representan” y “le llaman democracia y no lo es”, denuncian esa realidad: que “nuestros representantes” representan a otros intereses, no a los del pueblo que les ha elegido.
Todas las medidas de recortes se han “justificado” por el nivel de déficit público y el grado de endeudamiento. Pues bien, el aumento de déficit, y sobre todo el de deuda, en gran medida se derivan del rescate a la banca, de las medidas para dar estabilidad al sector financiero con aprovisionamiento de fondos y de las propias medidas de recorte (por su efecto depresor de la actividad económica).
¿Cómo es posible entonces que con tantas manifestaciones como ha habido sólo el 15M esté, sistemáticamente, “poniendo el dedo en la banca”?
Nos engañan cada vez que dicen que el rescate lo hacen por el interés general, por salvaguardar los ahorros de los ciudadanos, si realmente les preocuparan los ciudadanos, sería a ellos a los que habrían rescatado. Las cuentas no engañan:
¿Cuántas familias que han sido desahuciadas se podrían haber rescatado con los 23.500 millones de euros que se van a inyectar en BANKIA?
Teniendo en cuenta que el valor promedio de una hipoteca es de 150.000 euros. Si dividimos los 23.500 millones de euros del rescate entre esos 150.000 euros, el resultado nos dice que con ese dinero podríamos haber rescatado a 156.667 de las 350.000 familias desahuciadas desde que comenzó la crisis. Si tenemos en cuenta que muchos desahucios se producen cuando ya se ha pagado una parte de la hipoteca, esa cifra asciende a unas 200.000 familias; lo que, a una media de 3 integrantes por familia, supondría el rescate de 600.000 personas.
Es decir, que rescatando a esas familias la banca habría recibido ese mismo dinero, pero con una diferencia: 600.000 personas, niñas/os incluidas/os, no habrían perdido sus hogares.
¡Qué no nos engañen! El dinero del rescate bancario no es para garantizar los depósitos de los ciudadanos, sino la inversión que hizo la banca Alemana y Francesa en la banca española, y que propició el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, principal causa de la crisis.
Como no pueden pedir al Estado español que pague la deuda privada contraída por el sector bancario, han diseñado un mecanismo perfecto y perverso: nuestros gobiernos rescatan a la banca con dinero público, en realidad, como no hay dinero, lo hacen emitiendo deuda que todos los españoles tendremos que pagar en un futuro, y para que ese pago además sea ineludible, han modificado la Constitución de espaldas a la ciudadanía para dar absoluta prioridad al pago de la deuda. ¿Y quién compra esa deuda por la que hay que pagar un interés altísimo? La misma banca que estamos rescatando, pues ella sí tiene acceso al dinero público depositado en el BCE (España contribuye en un 8,4% a sus fondos) a un interés de un 1%. Es decir, que ella nos presta el dinero para rescatarla, y nos cobra un interés altísimo por hacerlo (% de interés en la deuda emitida – 1% del interés que le cobra el BCE a la banca por dejarle nuestro dinero; recordad que una parte importante del dinero del BCE es nuestro). ¿Maquiavélico no?
De esa forma, como por arte de magia, una deuda que era responsabilidad de unos cuantos privilegiados que viven muy por encima de sus necesidades, a costa de que una gran mayoría viva por debajo de las suyas, se ha convertido en un pago que todas y todos debemos afrontar. Mientras ellos/as se van de rositas con indemnizaciones y pensiones millonarias.
Una vez más “se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias”.
Por si alguien tiene aún dudas de a quién sirven nuestros representantes, que echen un vistazo a los indultos concedidos a altos ejecutivos de banca: Alfredo Sáenz y Miguel Angel Calama, condenados tras agotar todos los recursos disponibles e indultados a pesar, incluso, de la petición expresa del Tribunal Supremo de que no se beneficiaran del derecho de gracia. O los indultos a políticos culpables de malversación de fondos públicos, y a sus allegados: Josep Maria Servitje Roca, de UDC y Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex-militante de UDC, ex-cuñado del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre. O la anulación de un proceso judicial por estafa contra el Banco Santander y el señor Emilio Botín, entre otros, en el caso de las cesiones de crédito, archivada por la Audiencia Nacional y ratificado su sobreseimiento por parte del Tribunal Supremo, por un “defecto del procedimiento procesal”. O la exculpación de Francisco Camps, mientras se condenaba por prevaricación y se inhabilitaba a Baltasar Garzón por mandar unas escuchas en el Caso Gürtel ante unos indicios más que justificados de que la defensa esta implicada en la propia trama de corrupción. Todo ello evidencia una realidad: que perseguir los delitos bancarios y la corrupción de los que nos gobiernan desde los mecanismos jurídicos es impracticable; y que en las pocas ocasiones en las que se logra, no sirven de nada, quedando igualmente impunes. Como impunes quedaron tras el indulto los 5 Mossos d’Esquadra que, amparados en su autoridad, vulneraron los derechos humanos y la legislación vigente torturando a detenidos.
Hasta La Unión Progresista de Fiscales envió un comunicado recientemente mostrando su sorpresa y rechazo ante la decisión del Gobierno de indultar a Josep Maria Servitje Roca:
“Si ya la decisión del anterior Gobierno de indultar al banquero Alfredo Sáenz, generó una considerable inquietud en quienes defendemos, con hechos y no sólo con palabras, que la Justicia debe ser igual para todos, [este indulto] supone la confirmación definitiva de que está realmente justificada la percepción ciudadana de que existen diferentes varas de medir”.
Por otro lado, los intereses que hay detrás de los recortes y del proceso de privatización de los Servicios Públicos son tremendos. Por ejemplo, detrás del grupo Capio, corporación líder de la sanidad privada, en cuyas manos están los hospitales públicos ya privatizados, está el marido de María Dolores de Cospedal (Ignacio López del Hierro) y Teresa Echániz Salgado (hermana del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla La Mancha) como ejecutivos del grupo, y está Rodrigo Rato, como accionista del mismo. De hecho la crisis y los recortes, han venido a acelerar un proceso de privatización que ya se había puesto en marcha en los 90 y que estaban deseando acometer en su totalidad.
Mientras se rescata a la banca, se amnistía a los defraudadores, se exculpa o indulta a los culpables de corrupción, se condena a aquellos que la persiguen, se concede acta de diputados a políticos imputados en tramas de corrupción para tenerlos fuera de jurisdicción de determinadas instancias judiciales, mientras tratan a duras penas de ocultar el despilfarro, fruto en el mejor de los casos de la mala gestión y el nepotismo, mientras todo eso ocurre, hay 5.600.000 personas desempleadas, más de la mitad de la juventud en edad de trabajar no tiene trabajo, uno de cada 4 españoles está por debajo del umbral de la pobreza, cientos de miles de personas han perdido su hogar o van a perderlo, se liquidan los derechos laborales, se reducen los salarios, se aumentan los impuestos, se cobra por servicios que antes se pagaban con esos mismos impuestos, instaurando el mal llamado copago, cuando en realidad es repago, afectando, entre otros colectivos, a los pensionistas que ven reducida aún más su ya mermada capacidad adquisitiva, se pone en peligro la salud de la población, se deja sin cobertura sanitaria a los mayores de 26 años que no han cotizado y a los extranjeros no comunitarios en situación ilegal, se pone en peligro el futuro de los jóvenes al deteriorar y encarecer su educación, se manipula la información, se reprime y criminaliza la protesta social, y el suicidio (reconocido) se ha convertido en la principal causa de muerte en este país.
¿¡HASTA CUÁNDO VAMOS A PERMITIRLO!?
Juan Nadie – Asamblea del 15M de Alicante Toma la Plaza
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