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“El pasado martes la juez acusó a Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, de haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por el llamado ‘caso Cooperación’. Dos días después, otro juez acusó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, de haber cometido los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en relación al caso Brugal. Tanto Alperi como Castedo son también diputados autonómicos en las Cortes.”
